Manuel García-Mansilla presentó este lunes su renuncia como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que el Senado rechazara su pliego y tras enfrentar presiones para dejar el cargo. El juez, nombrado por decreto del presidente Javier Milei, había asumido el cargo el 27 de febrero de 2025. Tras 39 días en funciones, García-Mansilla decidió dar un paso atrás.

El Senado votó en contra de su designación, con 51 votos negativos y solo 20 a favor. Como consecuencia, el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar que le prohibió intervenir en causas en trámite ante la Corte Suprema durante tres meses, alegando que su nombramiento estaba cuestionado legalmente.

En su carta de renuncia, García-Mansilla defendió su designación, señalando que su nombramiento en comisión era constitucional y que había asumido con la intención de resolver la falta de integración de la Corte Suprema, un problema institucional que venía arrastrándose desde 2024. Sin embargo, reconoció que su permanencia en el cargo no contribuiría a la solución de la crisis judicial y que la integración completa de la Corte era urgente para evitar una paralización del sistema judicial.

A lo largo de su breve mandato, García-Mansilla había enfrentado fuertes críticas, especialmente después de que el Senado no se pronunciara rápidamente sobre su nombramiento. A pesar del apoyo inicial del gobierno para mantenerlo en el cargo hasta el final del año legislativo, las presiones políticas y académicas crecieron, exigiendo su renuncia para evitar un conflicto institucional mayor.

Con su salida, la Corte Suprema continuará funcionando con los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes deberán recurrir a conjueces en caso de no alcanzar la mayoría necesaria en los fallos. La renuncia de García-Mansilla deja abierta la cuestión de la completa integración de la Corte Suprema, que sigue siendo una prioridad para el gobierno y el sistema judicial.

García-Mansilla concluyó su carta diciendo que su renuncia debería servir como advertencia de que la integración del Poder Judicial es urgente y que las demoras y especulaciones políticas no pueden seguir impidiendo el funcionamiento adecuado de la Corte. Aseguró que su tiempo en el cargo fue dedicado a trabajar de manera imparcial y respetuosa con la Constitución, pero que ahora su salida era la opción más responsable frente a la crisis institucional.